Esperanza frente a la violencia
FLORENCIA, Colombia — Los tres hijos de María eran adolescentes cuando la familia abandonó su casa para escapar de la creciente violencia en el Caquetá, una región cocalera del sur de Colombia.
Nueva Colombia se ha convertido en hogar de una de las mayores poblaciones de desplazados en Colombia.
Se establecieron en casuchas de madera carentes de agua corriente, en un vecindario temporal en las afueras de Florencia. Allí, María se las arreglaba lavando ropa y limpiando casas.
Pero la violencia siguió a la familia. El hijo y el yerno de María fueron asesinados por las guerrillas. Ahora, con 60 años de edad, María está criando a sus nietos.
María puede completar sus necesidades gracias a un programa de Catholic Relief Services y Cáritas Colombia. La iniciativa conjunta, parcialmente financiada por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ofrece comida, ayuda psicológica y legal a 67.000 personas desplazadas por la violencia, y a otras personas vulnerables, en nueve diócesis.
El programa proporciona ayuda humanitaria a miles de colombianos cuyas vidas se han visto trastornadas por la violencia. También promueve la paz mediante actividades de educación y procesos de reconciliación.
Atrapados por fuego cruzado
María es solamente una de las más de 3 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares por la violencia y las amenazas de las fuerzas paramilitares de derecha, las guerrillas izquierdistas y el conflicto de ambas con el ejército colombiano. Este país sufre hoy día una de las peores crisis humanitarias del hemisferio. Más de 40 años de conflicto interno instigado por una amalgama de grupos armados han generado una población de refugiados superada solo por la que hay en Sudán.
Una mujer y su hijo en Villa España, un poblado de chozas para desplazados en las afueras de Quibdó.
La gente desplazada se empobrece día a día y está privada de satisfacer sus necesidades básicas. Dos tercios habita viviendas inadecuadas. Su tasa de enfermedades es seis veces superior al promedio nacional y, aunque por ley tienen derecho a ello, la mayoría no recibe atención médica.
Ocurre frecuentemente que muchas personas son obligadas a dejar sus hogares como parte de una estrategia mayor para expropiarles sus tierras, ya sea para alguien apropiarse de ellas con fines personales o para crear corredores con fines militares o de tráfico de drogas.
El desplazamiento forzado de pobladores no es un fenómeno del pasado en Colombia, sino un problema continuo. Más de 300.000 personas fueron expulsadas de sus tierras en el año 2007. En el departamento de Nariño hubo 32.856 desplazados y 5.000 personas fueron confinadas en sus comunidades sin acceso a alimento ni otros suministros, mientras los paramilitares y la guerrilla combatían por lucrativas rutas de contrabando de drogas y armas.
En busca de soluciones
El año pasado, CRS aprobó $100.000 del Fondo de Emergencia O'Neil con el fin de aportar suministros de emergencia, alimento y apoyo psicosocial durante seis meses a aquellos atrapados en el fuego cruzado. Pero, la asistencia de emergencia no enfoca los problemas sistémicos de extrema desigualdad y exclusión política que incentivan el prolongado conflicto. El gobierno colombiano y la sociedad civil deben crear políticas y programas que inviertan estas desigualdades y conduzcan a la paz.
Una cantidad desproporcionada de los desplazados son afro-colombianos o indígenas.
Estados Unidos, que ha suministrado más de $5.400 millones en ayuda externa a Colombia durante los últimos siete años, puede contribuir a una paz duradera y la estabilidad del país si cambian su enfoque al desarrollo social. Desde el inicio del Plan Colombia hasta 2007, 80% de la ayuda de Estados Unidos a Colombia se destinó a las fuerzas armadas y la policía para actividades antinarcóticos y contrainsurgencia. El restante 20% se destinó a programas de desarrollo económico social.
Después de años de gestiones por parte de organizaciones de derechos humanos, sindicatos e iglesias, el enfoque de la ayuda financiera de Estados Unidos a Colombia comenzó finalmente a cambiar. Para el año fiscal 2008 el Congreso rebajó el monto de ayuda para fines militares y fumigación. Al mismo tiempo aprobó incrementar los muy necesarios fondos para fortalecer los derechos humanos y proteger a las victimas de la violencia, apoyar el desarrollo rural particularmente de las marginadas comunidades afro-colombianas e indígenas, la reforma judicial y la asistencia a millones de colombianos que han sido forzados a abandonar sus hogares. Aunque queda mucho por hacer, los actuales cambios de política y financiamiento de Estados Unidos constituyen un significativo paso adelante.
Las conferencias episcopales de Colombia y Estados Unidos han reclamado repetidamente que una mayor proporción de la ayuda a Colombia sea dedicada a inversiones en desarrollo sostenible, defensa de los derechos humanos y ayuda humanitaria que tenga como prioridad soluciones duraderas para los desplazados.
María permanece desafiante y esperanzada ante la violencia. Recientemente, se le acercó un miembro de un grupo armado quien le ofreció una máquina de coser e ingresos estables confeccionando uniformes. Ella se negó… una vez más.
"Prefiero vivir así con mis hijos, enfrentando lo que venga, bueno y malo, porque tengo a la Iglesia y tengo los buenos corazones de gente a la que ni conozco; y tengo mi libertad", expresa.
