El Estatus de Protección Temporal (TPS) provee un estatus legal a ciudadanos de países extranjeros que viven y trabajan en Estados Unidos cuando no es seguro el regresar a sus países de origen.

Contacto: Nikki Gamer, CRS. Email. 410-951-7341. Comunicado en inglés.

WASHINGTON, 31 de octubre de 2017 – Catholic Relief Services (CRS) insta al Gobierno a extender la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para Honduras y El Salvador, el cual expirará en las próximas semanas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) tiene hasta el 6 de noviembre de 2017 y el 8 de enero de 2018 para decidir si extiende o si elimina el TPS. El TPS es una forma legal de estatus migratorio que protege a cientos de miles de personas de la deportación a países afectados por la violencia, la pobreza o los desastres naturales.

El TPS provee un estatus legal a ciudadanos de países extranjeros que viven y trabajan en Estados Unidos cuando no es seguro el regresar a sus países de origen. Estados Unidos concedió el TPS aproximadamente a 300,000 hondureños y salvadoreños desde 1999 y 2001.

“El retorno de 300,000 personas a países que padecen elevadas tasas de desempleo juvenil y unas de las mayores tasas de violencia fuera de una zona de guerra avivará la actividad de las pandillas y la desintegración social”, dijo Rick Jones, asesor técnico principal de CRS para Latinoamérica y el Caribe. “Esto significaría un retroceso total en los progresos logrados en la región y agravaría la situación de unos sistemas que se encuentran ya en una situación crítica”.

En una carta dirigida recientemente al DHS, Catholic Relief Services, Comité de Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB/MRS), Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) y Catholic Charities USA (CCUSA) destacaron que “el terminar la extinción del TPS en estos momentos sería inhumano e insostenible”. La carta expone la preocupación de que ninguno de los gobiernos involucrados tienen “capacidad para gestionar de manera adecuada el regreso de sus ciudadanos acogidos al TPS”. Estos países no están preparados para recibir, proteger e integrar a cientos de miles de personas que tengan que regresar. El Congreso también ha enviado al DHS cartas firmadas por ambos partidos en las que se insta al Gobierno a ampliar el TPS.

“Con un estado permanente de inestabilidad e inseguridad en Centroamérica, terminar el TPS pudiera desestabilizar las ya frágiles comunidades”, dijo Jones. “Poner fin al TPS es no solo inmoral sino también insensato. Esto contrarrestaría nuestros esfuerzos de desarrollar comunidades y hacer frente a las causas de la pobreza y el desplazamiento de la población”.

Bill O’Keefe, vicepresidente de relaciones gubernamentales e incidencia política de CRS, reconoce que aunque la extensión del Estatus de Protección Temporal es una necesidad humanitaria no es una solución sostenible. “Necesitamos más apoyo para promover las oportunidades económicas, la seguridad ciudadana y una mejor protección jurídica en Centroamérica”, dijo.