El TPS provee un estatus legal a ciudadanos de países extranjeros que viven y trabajan en Estados Unidos cuando no es seguro el regresar a sus países de origen.

Contacto: Kim Pozniak, CRS. Email. 410-951-7341. Comunicado en inglés.

WASHINGTON, DC, 9 de noviembre, 2017 — Catholic Relief Services (CRS) aplaude la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) de continuar su deliberación sobre una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para hondureños; esto efectivamente amplía el estatus hasta julio de 2018.

CRS agradece al Departamento de Seguridad Nacional la revisión continua y hace un llamado a la extensión del TPS para Honduras por otros 12 meses, hasta julio de 2019. Mientras tanto, el Congreso debe actuar para encontrar una solución legislativa permanente durante ese tiempo. “Muchos de los que están legalmente en los Estados Unidos bajo el TPS contribuyen a nuestra economía y tienen familias con niños ciudadanos de los Estados Unidos. En lugar de terminar el TPS, el gobierno y el Congreso deberían trabajar juntos para encontrar una solución legislativa permanente”, declaró Bill O’Keefe, vicepresidente de relaciones gubernamentales y abogacia de CRS.

El asesor técnico regional de CRS respondió señalando que “Enviar a cientos de miles de personas a Honduras podría ser un punto de inflexión para su gobierno”, dijo. “Simplemente no hay suficientes empleos para esta posible afluencia de personas. Aquellos que tienen los recursos para iniciar un negocio se enfrentarán a la extorsión de las pandillas. Esa falta de viabilidad económica provocará la desesperación y una mayor migración [ilegal]”. Además, el gobierno de Honduras carece de un sistema adecuado de recepción, protección e integración para recibir adecuadamente a esta población, como señalaron los líderes católicos en una carta sobre el TPS el 26 de octubre.

El anuncio del DHS, que dio por terminado el TPS para Nicaragua—originalmente otorgado después del huracán Mitch en 1998–pospuso una decisión sobre Honduras citando “la falta de información definitiva sobre las condiciones en el lugar”. Sin embargo, CRS y la Iglesia Católica han documentado altos niveles de violencia así como la inestabilidad económica y política que representan una amenaza para la seguridad de las personas y las oportunidades económicas.

Una reciente delegación de obispos estadounidenses en Honduras y El Salvador descubrió que una extensión del TPS para ambos países es crucial por razones humanitarias, de seguridad regional y de estabilidad económica.

En una carta al DHS, los obispos concluyeron que “terminar el TPS en este momento sería inhumano e insostenible. Dadas las condiciones actuales del país, Honduras no está en condiciones de acomodar el regreso de aproximadamente 57,000 hondureños que han recibido el TPS de los Estados Unidos”.

Los obispos, cuyo viaje fue patrocinado por Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB/MRS), también emitieron un informe citando violencia dirigida contra familias y niños; un gran número de personas desplazadas que ya representan un creciente problema humanitario; y gobiernos que carecen de sistemas adecuados de recepción, protección e integración para los repatriados.

Como parte de su larga tradición de dar la bienvenida a los más vulnerables, Estados Unidos ha otorgado el Estatus de Protección Temporal a ciudadanos extranjeros que viven y trabajan en los Estados Unidos desde 1990. La designación ofrece refugio a quienes no pueden regresar a sus hogares debido a desastres naturales o conflictos violentos.

CRS también está solicitando una extensión del TPS para El Salvador. Honduras y El Salvador sufren de tasas elevadas de desempleo juvenil y tienen algunas de las tasas de violencia más altas del mundo fuera de las zonas de guerra.