Por Robyn Fieser
Legisladores brasileños aprobaron la semana pasada una enmienda constitucional que exige un castigo más severo para las personas condenadas por practicar el trabajo esclavo o forzado. Esta medida, el instrumento jurídico más poderoso jamás aprobado en Brasil para combatir esta práctica, le permite al gobierno confiscar los bienes de aquellas personas que utilizan trabajo esclavo e imponer multas y penas de prisión ya en el código penal del país.
El trabajo esclavo—una forma de trabajo por contrato en el cual los brasileños pobres son atraídos a los ranchos remotos y granjas solamente para después encontrarse viviendo en la miseria y trabajando para pagar sus deudas—es relativamente común en la Amazonia brasileña.
Francisco José de Santos Olivera y su esposa Gisele Sousa Morais en la imagen, parados frente a la casa que construyen en Nova Conquista. Francisco, quien es presidente de la Asociación de trabajadores migrantes, cortaba un promedio de 15.000 kilos de caña de azúcar diariamente por un año. Para apenas calmar su hambre, Francisco frecuentemente tomaba tan solo una bebida energética al día. Su salario mensual era de unos 300 dólares por mes. Foto por Robyn Fieser/CRS.
Hay un fuerte vínculo con los Estados Unidos en el trabajo forzado de este tipo. Es el lado oscuro de dos importantes industrias brasileñas: la producción de carbón, un ingrediente básico en la manufactura de arrabio, que se convierte en acero; y el sector agrícola, en el que los trabajadores se utilizan para limpiar las tierras para el ganado y los cultivos (incluyendo los cultivos de caña de azúcar que producen el etanol que ha llevado a Brasil a un alto nivel de autosuficiencia en lo que a combustible se refiere). El acero fabricado del arrabio se abre paso a una variedad de artículos tales como los automóviles, refrigeradores, acondicionadores de aire – prácticamente cualquier cosa hecha de acero. Brasil es uno de los mayores exportadores de arrabio a nivel mundial. También es uno de los principales exportadores mundiales de carne de vacuno y productos de carne provenientes de ganado alimentado con pasto, el cual requiere de más y más tierras para el pastoreo.
El gobierno de Brasil ha dado pasos para enfrentar el tema. Se formó un servicio de inspección para investigar los abusos denunciados, se brinda apoyo a unidades móviles para rescatar a los trabajadores y publica una ¨lista negra¨ de empresas que utilizan el trabajo forzado, negándoles acceso a préstamos bancarios y contratos gubernamentales. No obstante, pocos empleadores han sido severamente castigados.
“La aprobación de la enmienda constitucional (PEC 438) es una gran victoria en el esfuerzo por poner fin al trabajo esclavo en Brasil. Este avance, que se ha venido desarrollando durante más de una década, trae consigo graves sanciones económicas y legales muy necesarias desde hace mucho tiempo para hacer frente a este crimen,” dijo Mary DeLorey, representante regional de CRS para América Latina y el Caribe.
Catholic Relief Services (CRS) y nuestros socios en Brasil, el programa nacional de la Iglesia Católica Comissão Pastoral da Terra y Repórter Brasil (la primera agencia de noticias especializada en la cobertura de cuestiones de esclavitud), cabildearon durante varios años para lograr que se aprobara esta medida histórica.
Robyn Fieser es la asociada regional de comunicaciones de la región de América Latina y el Caribe para Catholic Relief Services. Su oficina está en Santo Domingo, República Dominicana.
