Carmen* lleva en su cuerpo las marcas del maltrato físico que vivió en su propio hogar. Su esposo y padre de sus tres hijos arremetió en su contra en varias oportunidades, amenazándole y causándole heridas severas que la obligaron a tomar la decisión de huir de Guatemala rumbo a los Estados Unidos, con la esperanza de encontrar alguna protección bajo la figura del asilo.
Su historia es la de muchas mujeres que viven en la región norte de Centroamérica, que comprende El Salvador, Honduras y Guatemala, una zona donde las mujeres han reportado no sentirse seguras, ni tener las mismas oportunidades que los hombres; esto de acuerdo a un estudio realizado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Allí, también se denuncia que estos países son cada vez más controlados por grupos criminales y tienen altas tasas de homicidio y violencia de género, situaciones que obligan a sus ciudadanos a tomar la decisión de emigrar.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC por sus siglas en inglés), Guatemala ocupa el sexto lugar en tasas de homicidio a nivel mundial y el tercer lugar en feminicidios. Por su parte, las cifras de violencia doméstica también son alarmantes; sólo en 2020 más de 57,000 casos fueron reportados en el país, de acuerdo a El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Datos que posiblemente sean significativamente mayores, ya que muchas mujeres temen denunciar.
Carmen es una de las pocas mujeres que se atrevió a hacerlo. Ella siguió el procedimiento legal y presentó una denuncia formal contra su esposo ante el Ministerio Público de Guatemala, en la que detalló los frecuentes actos de violencia intrafamiliar de los que fue víctima por siete años. Sin embargo, asegura que él nunca fue procesado por estos delitos y que continúa en libertad. Incluso, aun estando fuera del país, Carmen teme por el bienestar de su familia que reside en Guatemala, pues insiste que ellos también han recibido amenazas.
Al no tener una respuesta de las autoridades que le garantizara seguridad y con la imposibilidad de conseguir sustento para sus tres hijos, Carmen decidió emigrar a Estados Unidos. “Para venirme pagué 45,000 Quetzales (5,818 dólares) al coyote”.
En el camino también fue víctima de amenazas. “Íbamos en un tráiler unas 350 personas. Nos traían amenazados que si hacíamos ruido nos iba a encontrar migración. Nos decían que nos iban a golpear, que nos iban a tirar a la calle y yo con mis niños ahí llorando. Le pedía mucho a Dios que me diera fuerzas para poder lograrlo”, cuenta mientras intenta calmar el llanto de su bebé en sus brazos.
Al cruzar a Estados Unidos, Carmen y sus hijos fueron detenidos por autoridades migratorias. En ese momento, ella presentó las pruebas de las denuncias y fotografías de su caso de violencia doméstica, pero no obtuvo una respuesta y fue deportada a México. Posteriormente, asegura que volvió a intentar ingresar a Estados Unidos, esta vez presentándose en la frontera con los mismos documentos que mostró en un primer momento, pero cuenta que las autoridades nuevamente ignoraron su solicitud.
Pese a la severidad de los casos de violencia doméstica, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), no lo establece dentro de las razones para la protección por asilo, y solo considera los casos que han sufrido o temen sufrir de persecución, debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.
Hoy en día, Carmen ha desistido de la idea de entrar a los Estados Unidos y se ha planteado establecerse con sus hijos en México. Allí, desde hace dos meses, cuenta con refugio, alimentación, aseo personal, apoyo psicosocial y educación para sus hijos, a través de un albergue ubicado en Mexicali, que hace parte de la Coalición Pro Defensa del Migrante (COALIPRO) y recibe el apoyo de CRS.
*El nombre se ha cambiado para proteger la privacidad.
