24 de abril de 2018

El Honorable Michael K. Conaway, Presidente Comité de Agricultura Cámara de Representantes de los Estados Unidos Washington, DC 20515

El Honorable Collin C. Peterson Miembro de rango, Comité de Agricultura Cámara de Representantes de los Estados Unidos Washington, DC 20515

Estimado presidente Conaway y miembro de rango Peterson:

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Catholic Relief Services, Catholic Charities USA, Catholic Rural Life y la Sociedad de San Vicente de Paúl aprovechan esta oportunidad para responder a la marca del presidente del comité de la “Ley de Agricultura y Nutrición de 2018” (HR 2).

Hambre y nutrición en el país: Los alimentos son una necesidad básica y un derecho humano fundamental. La producción de alimentos y la capacidad de alimentarse uno mismo y a una familia son preocupaciones nacionales esenciales. Les instamos a que protejan y fortalezcan el Programa de Ayuda de Nutrición Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) manteniendo la elegibilidad, mejorando el alcance, agilizando la inscripción e incluyendo el manejo de casos en los esfuerzos para alinear el empleo estatal y las actividades de capacitación para mejorar el acceso a empleos con salarios dignos. Si bien es cierto que la cantidad de personas en SNAP continúa disminuyendo, aún millones de personas, particularmente aquellas en comunidades rurales, continúan dependiendo de SNAP para sus necesidades básicas.

El proyecto de ley realiza inversiones encomiables en el Programa de Ayuda Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por su sigla en inglés) y vuelve a autorizar el Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos (CSFP, por su sigla en inglés). Estos dos programas son de suma importancia para las personas de la tercera edad y los programas locales de bancos de alimentos. Además, el proyecto de ley hace mejoras modestas a SNAP al actualizar sus límites de activos y vehículos y al fijar los límites ajustados a la inflación a lo largo del tiempo. Las continuas mejoras en los límites de los activos deberían proporcionar a las familias trabajadoras el incentivo y la capacidad de generar ahorros.

Sin embargo, el proyecto de ley hace varios cambios que afectarían negativamente a las familias trabajadoras y de bajos ingresos. Al eliminar las opciones estatales para la elegibilidad categórica de base amplia, el proyecto de ley podría causar que hasta 2 millones de personas pierdan sus beneficios y, potencialmente, eliminar la flexibilidad del estado en 42 estados. Estos cambios perjudicaron especialmente a las familias trabajadoras haciendo entre 130% y 200% de la línea de pobreza federal. Se deben mantener las opciones estatales para la elegibilidad categórica amplia.

Actualmente, casi todas las personas en SNAP deben trabajar o buscar empleo. H.R. 2 restringiría el tiempo asignado a las personas entre las edades de 50 y 60 años y a los padres desempleados o subempleados con hijos mayores de seis años para encontrar empleo o inscribirse en la capacitación laboral de tres meses a un mes. El proyecto de ley también aumenta drásticamente la multa por incumplimiento de los requisitos de trabajo. Según la ley actual, es inelegibilidad de un mes por la primera violación y de tres meses por la segunda. El nuevo proyecto de ley, sin embargo, aumentaría la pena por la primera violación a un año completo, y a tres años completos por la segunda violación. Además, las comunidades rurales pueden encontrar el cumplimiento especialmente desafiante dado que los programas de capacitación laboral a menudo se encuentran lejos y no hay suficiente acceso al transporte.

Damos la bienvenida a los esfuerzos para mejorar los programas estatales de capacitación de la fuerza laboral al proporcionar el manejo de casos, modernizar los programas de fuerza de trabajo, proporcionar mayores espacios de capacitación y establecer estándares mínimos. Sin embargo, el nuevo programa de capacitación de la fuerza laboral parece carecer de inversión suficiente para satisfacer la demanda adicional de capacitación laboral significativa y desarrollo de habilidades que generarán los nuevos requisitos. Además, los estados tendrán solo dos años para crear el nuevo programa de capacitación de la fuerza de trabajo y no podrán esperar los resultados de los programas piloto de SNAP en curso. Les instamos a que apoyen las mejoras en la capacitación de la fuerza laboral, pero que proporcionen mayores inversiones y tiempo para que los estados establezcan programas de capacitación laboral significativos y con información comprobada.

Seguridad alimentaria internacional y desarrollo: Apreciamos el firme apoyo del Comité a los programas internacionales de ayuda alimentaria, incluidos Alimentos por la Paz (FFP, por su sigla en inglés), McGovern-Dole, Alimentos para el Progreso (FFPr, por su sigla en inglés) y los programas “Farmer-to-Farmer” (Agricultor a agricultor). Estos programas ayudan a mantener la hambruna alejada, mejoran los medios de vida de los pequeños agricultores para que puedan alimentar a sus familias, ayudan a los niños a sobresalir en sus estudios y aprovechan la experiencia de los voluntarios estadounidenses para apoyar los resultados de seguridad alimentaria de nuestros hermanos y hermanas más pobres en el extranjero. Estamos particularmente agradecidos por el mantenimiento de reformas importantes en la Ley Agrícola de 2014, y el avance de cambios positivos, como eliminar el requisito de monetización en Alimentos para la Paz y permitir que los Fondos de Desarrollo Comunitario se combinen con actividades de desarrollo de Alimentos para la Paz. En conjunto, estas piezas mejoran la eficiencia y la efectividad de los programas internacionales de ayuda alimentaria para las personas a las que sirven. También esperamos continuar trabajando con el Comité de Agricultura para avanzar algunas reformas adicionales, como otorgar financiamiento permanente en McGovern-Dole que apoye la propiedad local de los programas de alimentación escolar y abordar los sobrecargos en algunos programas de ayuda alimentaria debido a los requisitos de preferencia de carga.

Subsidios: Los aumentos propuestos del proyecto de ley a los programas que ofrecen una cantidad razonable de apoyo para nuestros productores de alimentos y productos lácteos son loables. Permitir que los agricultores actualicen los rendimientos de la cobertura de pérdidas por precio para reflejar la reducción del rendimiento debido a la sequía podría ayudar a muchos agricultores a mantener la producción de cultivos a pesar de las pérdidas de años anteriores. La protección del proyecto de ley del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) contra los recortes le permitirá continuar colocando personal en las comunidades rurales para ayudar a los agricultores a diversificar los cultivos, obtener acceso a nuevos mercados y recibir ayuda en cuestiones técnicas.

Conservación: El título de conservación juega un papel esencial para garantizar que la tierra esté protegida, recordándonos la invitación de Dios a “cultivar y cuidar” la creación en la Sagrada Escritura. En la marca del presidente del comité, el financiamiento total para el título de conservación se reduce en casi 1 mil millones de dólares y se elimina el Programa de Corresponsabilidad de Conservación (CSP, por su sigla en inglés), actualmente el programa de conservación más grande. Si bien este recorte se compensa en parte por un aumento en el Programa de Incentivos a la Calidad Ambiental (EQIP, por su sigla en inglés), la eliminación del CSP implica el final de un enfoque integral de conservación en la Ley Agrícola. El Programa de Reserva de Conservación (CRP, por su sigla en inglés) vería un aumento de más de 2 millones de hectáreas, sin embargo, los agricultores serían compensados menos por esta tierra, lo que en última instancia podría desalentar los esfuerzos de conservación. También hay una disposición preocupante que permitiría a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) aprobar pesticidas y evitar revisiones para proteger a las especies en peligro. Estas revisiones son aspectos esenciales de la regulación destinada a proteger la salud humana y ambiental.

Desarrollo rural: Las comunidades rurales y los pueblos pequeños son la columna vertebral de la vida social y económica de los Estados Unidos. Sin embargo, su viabilidad se ve comprometida por la lenta mejora económica, el envejecimiento de la infraestructura, la epidemia de opioides, el subempleo y el movimiento de las generaciones más jóvenes a otras comunidades. La extensión de la autoridad para apartar el 10% de los fondos de EQIP para beneficiar a los agricultores principiantes y los agricultores socialmente desfavorecidos es loable. La reautorización de fondos para el Programa de Desarrollo de Agricultores y Ganaderos Principiantes (BFRDP, por su sigla en inglés), el Programa de Inversión Empresarial Rural, y el aumento de fondos para la Iniciativa de Investigación y Extensión de Agricultura Orgánica (OREI, por su sigla en inglés) ayudarán al desarrollo de estas comunidades, y la priorización de los proyectos que se ocupan de las emergencias de salud en virtud del Programa de Subsidios y Préstamos Directos para Instalaciones Comunitarias brindarán alivio a muchas familias, incluidas las más afectadas por la adicción a los opiáceos.

Este es un momento crucial para que nuestro país ponga primero a las personas pobres y hambrientas, apoye las parcelas familiares pequeñas y medianas, promueva la corresponsabilidad sustentable de la tierra y ayude a los agricultores vulnerables y las comunidades rurales tanto en su país como en los países en desarrollo. Esperamos con interés trabajar con ustedes mientras enmiendan la Ley Agrícola 2018.

Atentamente,

Monseñor Frank J. Dewane Obispo de Venice Presidente, Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano

Monseñor Timothy P. Broglio Arzobispo de Servicios Militares, Presidente EE.UU., Comité de Justicia Internacional y Paz

Sean Callahan Presidente Ejecutivo, Catholic Relief Services

Hna. Donna Markham, OP, PhD Presidenta Ejecutiva, Catholic Charities, USA

James Ennis Director Ejecutivo, National Catholic Rural Life

Ralph Middlecamp Presidente, Consejo Nacional de la Sociedad de los Estados Unidos de San Vicente de Paúl

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